Agosto 23, 2018

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
COPINH, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia, junto a la familia de la compañera Berta Cáceres, nos hacemos
presentes de nuevo ante la opinión pública para denunciar una vez más el
pacto de impunidad que se cierne sobre la causa Berta Cáceres debido a
las actuaciones del Ministerio Público de Honduras.

Como ya es sabido, hemos denunciado la falta de negación de acceso a
la información por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la
Vida, dirigida actualmente por el abogado Roberto Blend y en su momento
dirigida por el abogado Roger Matus. Sin embargo, en esta oportunidad
debemos denunciar la completa negligencia que podemos interpretar como
un accionar dirigido a negar la justicia en este caso y el ocultamiento
de la verdad por parte del Estado hondureño.

Después de que muy tardíamente, después de 4 órdenes judiciales y
mandato expreso del Tribunal de Sentencia con fecha 27 de julio de este
año, las fiscales nos responden a las interrogantes que hemos venido
haciendo desde abril de 2017, con que no nos pueden brindar la
información que hemos peticionado puesto que esta se encuentra en
aparatos electrónicos y demás evidencia que el Ministerio Público NO ha
procesado ni analizado.

¿Cómo es posible que una semana antes de la audiencia judicial en la
que se supone que se expongan las pruebas para que se juzguen a 8
personas por el asesinato de nuestra compañera y madre Berta Cáceres,
que el Ministerio Público nos venga a decir que ellos simplemente no
realizaron el análisis de la información que puede darnos detalles de lo
sucedido con la persecución y asesinato de Berta Cáceres?Esto es
inadmisible en cuanto a que la información que las fiscales no han
procesado responde coincidentemente a los aparatos recolectados en los
allanamientos a el Mayor del Ejército de Honduras Mariano Díaz Chávez,
el  empleado de la empresa DESA Douglas Bustillo, así como lo realizado
en las mismas oficinas de la empresa DESA. Elementos de prueba,
contenida en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas,
tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles y
computadoras

Estas actuaciones corroboran las denuncias del COPINH sobre la falta
de confianza de parte de las víctimas de las investigaciones del mismo
Estado que propició la muerte de Berta Cáceres.

Debemos resaltar que las autoridades de Honduras y de la embajada de
Estados Unidos en Honduras tienen responsabilidad en las irregularidades
en este proceso judicial debido a su apoyo irrestricto al Ministerio
Público y la negación de una investigación internacional y deben asumir
sus responsabilidades en esta situación y satisfacer las necesidades de
acceso a la justicia.

Ante lo anterior, exigimos:

  1. Que se garantice el análisis y extracción de toda la información
    contenida en los aparatos electrónicos producto de las diligencias del
    MP que permitan develar la verdad y se garanticen todas las condiciones
    del acceso a la información.
  2. Que las autoridades responsables del Ministerio Público, encabezadas
    por el Fiscal General Óscar Chinchilla se responsabilicen por la falta
    de debida diligencia y el acceso a la información y el debido proceso en
    general.
  3. Que la comunidad internacional en un caso emblemático como este, se
    pronuncie y exhorte a que se den las condiciones necesarias para el
    desarrollo del proceso judicial.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 22 días del mes de agosto de 2018.

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