Defensa del Territorio

Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos en Honduras, no podemos omitir la problemática de las violencias ejercidas por el Estado Hondureño y las empresas nacionales y transnacionales en contra de los Defensores y las Defensoras del Territorio y de los Derechos Colectivos de los Pueblos.

Los Territorios en los que viven en particular los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de Honduras, están siendo constantemente amenazados, cuando no destruidos, por proyectos industriales de todos tipos. Desde el Golpe de Estado del año 2009, con el que se instaló un gobierno neoliberal ligado al gobierno de Estados Unidos, se aceleró la concesión de tierras a empresas extractivas, a costa de los derechos de los pueblos y del medio ambiente. Se han otorgado 347 concesiones hidroeléctricas desde ese entonces, según el Informe de la Misión Internacional “Justicia Para Berta Cáceres” publicado en abril 2016. Es una tragedia sabiendo que las represas no sólo contribuyen al calentamiento global al generar toneladas de metano, sino que también inundan pueblos y provocan desplazamientos forzados de poblaciones.

La industria minera es aún más expansiva: se aprobaron 364 proyectos de minería metálica a inicios de 2015, otros 563 nuevos proyectos mineros se encuentran actualmente en proceso de aprobación y se está promoviendo la adjudicación de no menos de 950 títulos mineros adicionales, según datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) citados en el Informe “Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras” publicado hace el año pasado. Las minas traen deforestación, contaminación, y graves daños a la salud, como es el caso de la mina de oro San Andrés explotada por la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA), filial de la minera canadiense Aura Minerals, en Copán, oeste del país. Se ha encontrado arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de trabajadores de la mina que viven alrededor y se ha derramado cianuro en el río Lara provocando la muerte de cientos de peces.

La agroindustria es también una depredadora importante en Honduras, en particular la expansión de monocultivos de palma africana (o palma aceitera), que ocupan 165.000 hectáres de tierras, desplazando violentamente a poblaciones, contaminando ríos y desapareciendo cultivos de alimentos básicos indispensables para la Soberanía Alimentaria de los pueblos,

“Repudiamos todas las acciones implementadas por los gobiernos posteriores al golpe de Estado de junio de 2009 orientadas deliberadamente a destruir el territorio hondureño a través de un agresivo e intolerable proceso de concesionamiento de nuestros bienes comunes, entregando al mejor postor los ríos, mares, minerales, el aire, las playas y con ello condenando a gran parte de la población a sufrir graves daños derivados de esta política extractivista”, denunciaron las más de 50 organizaciones que conforman la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) en una carta abierta publicada en julio del presente año.

La mayoría de esos proyectos se imponen sin el consentimiento de los pueblos que viven en los territorios elegidos por las empresas, en violación del derecho a la consulta libre previa e informada prevista por el Convenio 169 de la OIT. La facilidad con la que las empresas se adueñan de los territorios se explica muchas veces por sus vínculos con el gobierno y por un aparato represivo muy elaborado que no cuenta solo con las fuerzas armadas de Honduras sino también de Estados Unidos, país con el que existe un estrecho vínculo desde el golpe de estado del 2009.

Existen en el país miles de voces indignadas por este sistema extractivo represivo que no sólo se oponen a proyectos destructivos sino que construyen día con día sistemas de vida más respetuosos de la dignidad humana y del medio ambiente. Se puede mencionar el COPINH (el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) que construye procesos de educación popular ambiental a través de su escuelita de formación Tomás García en La Esperanza, Intibucá, la OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), que recibió en 2015 el Premio de la Soberanía por su defensa de la agricultura tradicional ante la expansión de monocultivos de palma aceitera, y también el Movimiento Madre Tierra/Amigos de la Tierra Honduras, que lucha por la justicia ambiental y la agroecología en el país. Además, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) reivindica que más de 30 municipios de Honduras “se han declarado libres de explotaciones mineras e hidroeléctricas, a través de mecanismos legítimos como las consultas ciudadanas, las autoconsultas y los cabildo abiertos.”

El gobierno hondureño y las empresas extractivas buscan callar todas esas voces, por lo que Honduras es conocido como “el lugar más peligroso para defender el planeta”. Así lo denunció la ONG británica Global Witness en un informe de enero 2017 en el que calcula que más de 120 defensores y defensoras del territorio fueron asesinadas entre el 2010 y el 2016. Un caso emblemático es el de Berta Cáceres, coordinadora del COPINH galardonada por el Premio Goldman por el Medio Ambiente en el 2011, que ilustra el patrón de represión al que se enfrentan los defensores y las defensoras del Territorio en Honduras: criminalización, amenazas, muerte e impunidad.

Berta acompañaba la lucha del pueblo Lenca de la comunidad de Río Blanco en el estado de Intibucá, oeste del país, en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa DESA sobre el Río Gualcarque, sagrado para este pueblo indígena. Sufrió un largo proceso de hostigamiento judicial, siendo detenida en el 2013 por participar en una toma de carretera en Río Blanco y recibió auto de formal prisión ese año – aunque no ingresó en la cárcel, tuvo prohibido salir del país y tenía que firmar cada semana en el juzgado. Fue también demandada y presentada como una delincuente por los promotores del proyecto. Recibió amenazas de muerte por parte de personal de la empresa durante varios años y asesinada el 2 de marzo 2016 por sicarios mandados por la empresa DESA y el gobierno. Hasta la fecha no se ha hecho justicia ya que no se ha capturado a ninguno de los autores intelectuales del crimen y el COPINH sigue sin la información básica para continuar en la etapa preliminar del proceso judicial.

Existen desgraciadamente una multitud de Bertas en Honduras quienes actualmente requieren que los medios de comunicación denuncien la represión que están viviendo y que podrían seguir viviendo durante años, gane quién gane las elecciones generales de este años, si acabar con la criminalización y los asesinatos de los defensores y las defensoras del Territorio en Honduras no se vuelve una prioridad nacional e internacional.