Septiembre 5, 2018

Publicado por COPINH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), junto con la familia de la compañera Berta Cáceres y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) informa a la comunidad nacional e internacional las conclusiones de la audiencia de proposición de pruebas en el primer proceso judicial contra 8 personas acusadas por arrebatarle la vida, o propiciar las condiciones para ello, a nuestra hermana Berta Cáceres y atentar contra el compañero Gustavo.

Esta audiencia que se desarrolla a pocos días de la apertura del juicio que dará condena o absolverá a las personas hasta hoy detenidas, ha ocupado varias sesiones, demoradas por la falta de resolución ante la información faltante.

Concluye, entonces, con la negación del tribunal de gran parte de la prueba de nuestra acusación que pretendía contextualizar el clima de ataque sistemático que sufrió Berta por cumplir su papel como coordinadora de COPINH que eran parte del plan para neutralizar y atacar la lucha en defensa de los territorios contra el saqueo de la empresa privada.

Esto en lo concreto significa el rechazo del testimonio de quienes son parte de la Junta directiva y tenían voz de mando frente a todo el trabajo operativo desplegado por DESA para atacar la labor de Berta Cáceres: Pedro, José Eduardo y Jacobo todos de apellido Atala Zablah y del señor Daniel Atala Midence. La “justicia” hondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa.

Además, el tribunal ha rechazado la pericia de contexto social y político, que sería realizada por expertos para desarrollar un análisis especializado sobre la situación en la que Berta, como lideresa frente a un proceso popular del pueblo Lenca, realizaba su trabajo y por ende determinar los intereses que ella adversaba.

Esta es una laceración a la perspectiva de búsqueda integral de la verdad ya que no debe desconocerse que Berta fue asesinada por su trabajo organizativo y labor como defensoras de derecho humanos y he aquí la necesidad reinvidicar al COPINH como víctima formal del ataque.

La Corte Interamericana ha considerado que “la ejecución de un líder sindical […] no restringe sólo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho y la libertad de determinado grupo a asociarse libremente, sin miedo o temor”

Eso es lo que el Estado sigue desconociendo, el peso político de la figura de Berta en integralidad y por eso reduce el juzgar los hechos del 2 de marzo únicamente y no ver la cadena de hechos que querían parar su trabajo y al no poder es que se decide darle muerte.

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