El Golpe de Estado

Abordar el caso del golpe militar de 2009 que destituyó al presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya, nos obliga a realizar un recuento de la historia reciente de la región centroamericana destacando la influencia de las corporaciones extranjeras, particularmente de los Estados Unidos de América, cuyo gobierno durante décadas ha moldeado al Estado hondureño para actuar como una base militar en beneficio de sus intereses económicos.

A partir de la década de los 70s, desde Honduras se planearon y ejecutaron acciones de contrainsurgencia contra Nicaragua, El Salvador y Guatemala, países donde grupos guerrilleros se opusieron a los dictados de los EUA, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante las primeras décadas del neoliberalismo económico en latinoamérica.

El golpe militar de 2009 fue la respuesta de los grupos de poder hondureños junto con la aprobación y apoyo de Hillary Clinton, entonces jefa del Departamento de Estado de los EUA. La percepción de que las políticas de Zelaya, cercanas a organizaciones contrarias a las políticas financieras norteamericanas como la Alianza Bolivariana para América y caracterizadas por una apertura hacia las demandas por restitución de tierras para comunidades campesinas e indígenas, contribuyeron a detonar su destitución mediante la violencia.

La Ley General de Aguas y el Decreto 233, promovidas por el régimen golpista en 2009, permitieron la construcción de megaproyectos en áreas protegidas y repartieron 347 concesiones hidroeléctricas en todo el país. En la imagen, campesino lenca observa el afluente del río Gualcarque donde la empresa DESA pretende construir el proyecto de Agua Zarca. CC BY-NC 4.0 Avispa Midia

El 28 de junio de 2009 era el día marcado para la realización de un plebiscito para probar el interés nacional en elaborar otra constitución. La constitución vigente del año de 1982, es considerada un documento redactado bajo los designios de los EUA para entregar los recursos al capital financiero global y privatizar el estado hondureño. La influencia norteamericana consiguió imponer dicha reglamentación al penetrar las estructuras gubernamentales locales gracias a los enormes presupuestos destinados a programas de ayuda militar, equipamiento e incluso el entrenamiento de soldados hondureños en la infame Escuela de las Américas, institución estadounidense que difundió las prácticas de desaparición forzada, tortura y asesinato de millones en latinoamérica.

Ante los candados políticos para reformar la constitución, mediante el plebiscito, Zelaya intentó legitimar la integración de una asamblea constitucional para noviembre de 2009. Sin embargo, desde el amanecer del 28 de junio de aquel año, el ejército secuestró y deportó al presidente, invadió y clausuró estaciones de radio y televisión en todo el país y estableció un estado de excepción.

La reacción de la sociedad fue la resistencia popular mediante protestas masivas en todo el territorio hondureño, con un saldo de miles reprimidos y detenidos. El gobierno resultado de la ofensiva militar y corporativa interrumpió el diálogo con movimientos sociales e incrementó las medidas represivas mediante reformas en las normativas jurídicas para perseguir a los grupos opositores al nuevo régimen.

Movimientos sociales organizados realizan acciones directas contra los planes de despojo que amenazan sus comunidades. A partir de 2009 la represión ha incrementado su violencia contra la población para permitir la entrada de capitales trasnacionales. En la imagen, campamento de resistencia de las comunidades de Los Prados I y II que rechazan la instalación de parques solares en Choluteca. CC BY-NC 4.0 Avispa Midia

Tras la maniobra militar, el gobierno de facto nombró a Roberto Micheletti como nuevo ejecutivo nacional. Desde entonces el aparato estatal ha trabajado para legitimarse a través de la realización de elecciones en un contexto de creciente autoritarismo y represión hacia la oposición.

Los comicios realizados en noviembre de 2009 y en noviembre de 2013, que impusieron dos presidentes del Partido Nacional (de ideología conservadora), fueron realizados a pesar de las masivas protestas sociales, reprimidas por operativos de las fuerzas de seguridad del país.

En el año de 2013 cuando el presidente actual de la República, Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso, se aprobaron más de 39 leyes impopulares en temas como la minería, el agua, y la de “ciudades modelo”. De acuerdo al informe Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina, la denominada Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) aprobada mediante decreto en 2013, provocará el desplazamiento forzado de miles en comunidades garífunas. Hasta 2017 el trabajo de decenas de comunidades aglutinadas en la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) ha mantenido al margen el inicio del proyecto.

La comunidad garífuna de Tela, en el caribe hondureño, ha sufrido diversos intentos de desalojo para la expansión de infraestructura turística. CC BY-NC 4.0 Avispa Midia

Sin embargo, dichas modificaciones prepararon el marco para la operación de enclaves de inversión gobernados por un poder paralelo al Estado con sus propios sistemas legales, fiscales, administrativos e incluso de seguridad. Actualmente se prepara la construcción de otras dos zonas en Puerto Cortés y Puerto Amapala.

El golpe de Estado permitió el abuso desmedido de los bienes comunes de los pueblos hondureños al promover reformas legislativas y jurídicas acordes con las demandas de empresas trasnacionales, bancos de desarrollo e instituciones financieras globales como el BM.

De acuerdo al reporte “Tierra y poder, el creciente escándalos en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras” desde 2011 los registros de inversión muestran el incremento exponencial sobre la posesión de la tierra y las estrategias de las empresas en alianza con estados-nación para la imposición de megaproyectos de integración económicos y militares.

Mapeamiento de los intereses territoriales en Honduras. Elaborado por Colectivo GeoComunes

Lo que sucede en Honduras forma parte del fenómeno global de despojo de tierras, proceso acelerado desde la crisis financiera de 2008, mediante el cual se arrebata violentamente la posesión colectiva de los territorios y sus bienes comunes a los pueblos campesinos e indígenas para incluirlos como recursos a disposición de la expansión del capitalismo mundial.

Una guerra del capitalismo contra los pueblos indígenas del mundo. Como recientemente publicó un reporte de Global Witness, desde el golpe de 2009, 123 personas han sido asesinadas en Honduras por defender su territorio y bienes comunes naturales. Los elementos recurrentes en los crímenes apuntan a la corrupción dentro de las esferas gubernamentales, dinamizada por la avaricia corporativa en megaproyectos ya sea de agronegocios, minería, hidroeléctricas, mega turismo, de energías renovables y conservación, entre otras inversiones.

La violencia e impunidad del actuar estatal crean el engranaje legal que blinda a los empresarios para adquirir tierras bajo el despojo, engaño, la militarización y represión a movimientos sociales además de la destrucción del medio ambiente. El caso del Valle del Aguán, departamento de Colón, es paradigmático con cientos de campesinos asesinados tras exigir la restitución de sus tierras, ocupadas hoy por la agroindustria de la palma aceitera, una de las materias primas para la reconversión energética hacia los agrocombustibles.

Familiares de Carlos Escalera, asesinado por oponerse a la instalación de una planta para extraer aceite de palma en Tocoa. En segundo plano, campesinos del movimiento “Gregorio Chávez” denuncian a la corporación Dinant, de la familia Facussé, por los cientos de asesiantos en la lucha agraria del Valle del Aguán. CC BY-NC 4.0 Avispa Midia

El Movimiento Unificado Campesino del Valle del Aguán (MUCA) es una de las decenas de organizaciones que han liberado tierras de los terratenientes palmeros, y que cargan a los cientos de muertos por la represión militar. En 2011 el gobierno hondureño fue obligado a convenir un pacto de negociación entre el MUCA y las corporaciones. Irónicamente los campesinos deben pagar las tierras a precio de mercado.

Industrias como el narcotráfico también han jugado un rol destacado en la permanente militarización del país. En 2016 un reporte del Estado de Departamento de los EUA difundió que la mayor parte del tráfico de drogas que arriban a Norteamérica provienen de Centroamérica.

Las estructuras criminales que permiten el flujo de mercancías se encuentran en la cúpula gubernamental. Un ex congresista a cargo de investigaciones contra el narcotráfico asesinado en 2011, afirmó que uno de cada 10 miembros del congreso está involucrado en negocios ilícitos.

“Nuestro país es un narco-estado con narco-alcaldes y narco-Mps. Son financiados por narcotraficantes y cuando llegan al poder tienen que ajustar cuentas” denuncian integrantes del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) quienes demandan justicia a más de 20 meses del asesinato de Berta Cáceres por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.

El proceso iniciado tras el golpe de 2009 para modificar las leyes nacionales contra los campesinos, indígenas, trabajadores y movimientos sociales continúa su curso. Un ejemplo de ello es la aprobación en 2017 de la reforma del Código Penal donde se legaliza la criminalización del derecho a la protesta de aquellos que se opongan a los mega proyectos de inversión mediante la tipificación de actos de terrorismo.

Cientos de personas han sido procesadas por crímenes como la usurpación de tierras y daños al medio ambiente como resultado de la violencia del poder económico internacional y la corrupción de las instituciones hondureñas asaltadas desde 2009.

Cientos de campesinos organizados en el Copinh marchan en Tegucigalpa para demandar justicia en el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016. CC BY-NC 4.0 Avispa Midia

COPINH, OFRANEH, MUCA y otras organizaciones representan un obstáculo para los planes en Honduras de corporaciones y su visión mercantilista de la vida. Desde el golpe de 2009 movimientos sociales se han unido por demandas históricas y contra la instauración de una dictadura hondureña.

“Tenemos un canto que realmente tomamos en serio, que dice ‘Nos temen porque no tenemos miedo’ El golpe y la dictadura militar nos ayudaron a formarnos en lo que llamamos un gran nudo; todos unidos bajo el mismo objetivo” expresó Cáceres durante una entrevista en 2009.

El golpe a Honduras no sólo ha sido contra Honduras. Ha sido contra todos los procesos emancipatorios… está directamente relacionado con el saqueo de nuestros recursos. Está muy claro, la participación de intereses geopolíticos gringos en la región. Está conectado a otros planes de militarización y anexión, como en la llamada guerra contra las drogas en Colombia, la amenaza de desestabilización de los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Paraguay, nuestra región en Centroamérica y otros”.

Luchar contra la dictadura y la represión en Honduras en este momento es luchar por todo nuestro continente”. CC BY-NC 4.0 Avispa Midia