Militarización

Hoy en día en Honduras la presencia de soldados que llevan a cabo tareas de seguridad ciudadana en los espacios públicos está omnipresente. Los militares patrullan calles, resguardan escuelas y colegios, instalan retenes y controles de revisión en las carreteras y encapsulan manifestaciones. En especial desde el golpe de estado en 2009 los gobiernos de Honduras han promovido el uso del ejército en tareas de la seguridad pública como una solución frente a la desbordante violencia y criminalidad en el país. Entre 2010 y 2016, las Secretarías de Defensa y Seguridad han incrementado su presupuesto en un 161% y 102% respectivamente, según información del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. La guerra contra el narcotráfico y el involucramiento de altos mandos de la policía con el crimen organizado ha sido el mejor pretexto para justificar esta remilitarización. El uso de soldados que están capacitados para la guerra y no para tareas de la seguridad ciudadana causó fuertes críticas por parte de organizaciones de DDHH y organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró en su informe sobre Honduras de diciembre 2015:

El ejército participa activamente en funciones de seguridad ciudadana a través de cuerpos especializados como una “policía militar”, esto a pesar de que los estándares internacionales indican que la seguridad ciudadana debería ser de competencia exclusiva de una fuerza policial civil, respetuosa de los derechos humanos.”¹

Un promotor de esta política de seguridad es el actual presidente Juan Orlando Hernández, primero desde su función como Presidente del Congreso (2010-2014) y luego en su periodo de mandato desde el enero 2014. Uno de los proyectos preferenciales de Hernández y un punto clave dentro de sus campañas políticas fue la Policía Militar del Orden Público PMOP. En cambio de fortalecer una depuración efectiva de la policía nacional y el fortalecimiento del sistema judicial, Hernández promovió el uso de soldados para cumplir con las tareas de la policía nacional y compartir la delincuencia. La PMOP empezó a funcionar en enero del 2014 como una fuerza de choque, confirmado por militares, facultada para entrar y recuperar el control de los barrios en que imperan las pandillas y la delincuencia organizada. A parte de la lucha contra el crimen organizado la PMOP también esta usada para reprimir manifestaciones y acciones de protestas de los movimientos sociales y responsable para numerosas violaciones de los DDHH como declara el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) en su informe anual del 2015:

Miembros de la Policía Militar y del Ejército han sido denunciados por cometer violaciones a los derechos humanos en contra de diversas personas. Abusos de autoridades, detenciones ilegales, homicidios, raptos, torturas, violaciones sexuales y allanamientos de morada, son parte de los delitos cometidos supuestamente por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado”²

Actualmente la PMOP consiste en más de 4.000 miembros que dependen de las Fuerzas Armadas. Pero en la práctica, depende directamente de los órdenes del presidente Hernández. En julio de 2017 se anunció la integración de 1.000 soldados más a la Policía Militar. La ley de la PMOP, publicada el 24 de agosto de 2013, también contempla que unos 30.000 soldados en reserva puedan colaborar con la PMOP en casos de guerra o emergencia.

Ya antes de la fundación de la Policía Militar los gobiernos de Honduras implementaron varias leyes y decretos para facilitar el uso del ejército en tareas de la seguridad ciudadana. En el 2011 se declaró el estado de emergencia en materia de seguridad y se facultó a las fuerzas armadas para cumplir funciones que según la Constitución y las leyes son de la policía. En abril de 2013 se creó la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia con el objetivo de desarrollar actividades de investigación e inteligencia estratégica, prevenir y contrarrestar amenazas internas o externas contra el orden constitucional y ejecutar las políticas públicas que se establezcan en materia de defensa y seguridad. Desde su inicio esta dirección está dirigida por militares. En junio de 2013 bajo el objetivo de luchar contra el crimen organizado se creó la tropa de élite TIGRES (Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad).

A parte de unidades como los TIGRES o la PMOP el mismo ejército es enviado a cumplir funciones de seguridad a zonas donde hay conflictos agrarios y de tierras, tal como la región de Bajo Aguán donde desde el 2010 esta operando la Operación Xatruch. El conflicto entre terratenientes y campesinos en la zona dejó más de 100 muertos, la mayoría campesinos. En muchos de los asesinatos se denunció la involucración de cuerpos de seguridad privados o estatales.

Otro caso en cual el ejército fue usado para cumplir funciones de seguridad pública y establecer el orden en zonas de conflicto es el caso de la Hidroeléctrica Agua Zarca en la región de Río Blanco. La empresa privada DESA, que esta atrás del proyecto, tiene fuertes vínculos con miembros de las fuerzas armadas. El presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía es integrante retirado de los servicios de inteligencia militar y desde el inicio del conflicto la empresa contaba con el apoyo de las fuerzas armadas como lo muestra el recién salido reporte del GAIPE.

“En ese marco, las fuerzas de seguridad del Estado fueron utilizadas para velar por las instalaciones de la represa en construcción y la maquinaria, incumpliendo el deber de protección de la población y de derechos humanos fundamentales, como la integridad y vida de las personas”³

El 15 de junio un soldado del batallón N°10 de Ingenieros disparó en contra de una protesta de la población Lenca contra el proyecto hidroeléctrico, asesinando el líder comunitario Tomás García e hiriendo a Allan García y a Desiderio Méndez. La defensa del soldado fue cubierta por la empresa DESA.

El conflicto de Río Blanco y el asesinato de la activista Berta Cáceres, muestra de una forma muy evidente los preocupantes vínculos de militares con empresas privadas y la utilización del ejército al servicio de los intereses de empresas privadas. Entre los ocho detenidos por el asesinato, se encuentra un militar activo y dos retirados.

Mariano Díaz Chávez, veterano de las fuerzas especiales hondureñas, Jefe de Inteligencia del Primer Batallón y Mayor de las Fuerzas Armadas hasta su arresto. Douglas Geovanny Bustillo, jefe de seguridad de la empresa DESA hasta junio 2015, fue jefe de seguridad del Presidente del Congreso y Teniente del Quinto Batallón. Henry Javier Hernández, fue francotirador y Gerente Segundo en el Quince Batallón. En junio 2016 el periódico The Guardian hablaba con un exmiembro del ejército hondureño que informaba sobre una lista negra con nombres y fotos de una docena de activistas que fue repartida a dos unidades de élite para su ejecución, entre ellos estaba el nombre de Berta Cáceres.

A parte de la militarización de la seguridad pública hay una preocupante militarización de las instituciones del estado. En finales del 2014 se nombra al general Julián Pacheco como jefe del Ministerio de Seguridad de Honduras. Antes de su nombramiento Pacheco lideró la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. En los últimos años se entregó puestos civiles a numerosos funcionarios militares. Estos incluyen al jefe del sistema penitenciario, el jefe de aduanas, el director de aviación civil y los responsables de las agencias de vivienda y servicios sociales.

La militarización institucional y del territorio no sólo es contraria a los estándares internacionales, sino que la experiencia comparada en otros países de la región la ha vinculado con mayor violencia y más ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos. En este sentido, la CIDH ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la participación de las Fuerzas Armadas, incluida la Policía Militar de Orden Público (PMOP), en una amplia gama de funciones del Estado, incluyendo tareas ordinarias de seguridad ciudadana, investigación de la delincuencia organizada, desalojos forzosos, su presencia en el sistema penitenciario, así como en la educación cívica de los niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 23 años de edad en “riesgo social” a través del Programa “Guardianes de la Patria”. 4

En especial el involucramiento de las fuerzas armadas en la educación cívica de niños, niñas y jóvenes muestra una preocupante tendencia hacia el militarismo y la imposición de valores, perspectivas e ideales militares sobre la sociedad civil. El Programa “Guardianes de la Patria” es un programa del ejército para la formación de niños en temas culturales, deportivos y para la transmisión de valores religiosos y morales. Según las autoridades hasta la fecha son más de 200.000 niños que han sido formados en el marco de dicho programa.

“Las Fuerzas Armadas se involucran también en temas de formación cívica y educativa para niños y niñas “en riesgo social” a través del programa “Guardianes de la Patria”. La Comisión expresó su preocupación ante los riesgos involucrados en el hecho de que niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 23 años de edad sean entrenados en instalaciones militares, y utilicen plazas, parques y canchas de fútbol militarizadas. La ejecución del programa no es una función natural del ejército. El rol de las Fuerzas Armadas, que es  la defensa del país frente a amenazas contra la seguridad provenientes del exterior, es incompatible con la coordinación, supervisión e implementación de programas de formación cívica para niños y niñas.” 5

A pesar de la grave situación de DDHH en Honduras y la involucración de las fuerzas armadas en violaciones de derechos humanos los Estados Unidos siguen dando un apoyo directo al ejército y la policía hondureña. Desde 2010 el gobierno de los EEUU ha dado casi 200 millones de dólares como parte de sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y para frenar la migración. Además, Honduras forma parte de la Alianza para la Prosperidad, un programa de 750 millones de dólares para los países del triángulo norte. En junio de 2016 se presentó en el Congreso de los Estados Unidos el “Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act” con el propósito de suspender la ayuda militar.

 

¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, pag.26 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdf/honduras-es-2015.pdf
² Comisionado Nacional de los Derechos Humanos – CONADEH (2015) “Informe anual 2015”,pág.39 http://conadeh.hn/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Anual-2015-FINAL-VERSI%C3%93N-PDF.pdf
³ Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas – GAIPE, Represa de Violencia, pág.16 https://www.gaipe.net/wp-content/uploads/2017/10/Represa-de-Violencia-ES-FINAL-.pdf
4 Observatorio para la protección de los defensores de Derechos Humanos, Informe de misión de investigación,  pág. 7  http://www.omct.org/files/2016/12/24084/honduras_informe_de_mision.pdf
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, pág.27 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdf/honduras-es-2015.pdf